El primer semestre de 2025 confirma un panorama crítico y altamente concentrado del desplazamiento forzado en Colombia, con 164.450 eventos registrados y 156.132 víctimas únicas incluidas en el RUV. El fenómeno mantiene un fuerte carácter diferenciado e interseccional: el 51,4% son mujeres, el 35,5% niñas, niños y adolescentes, el 17,4% pertenecen a grupos étnicos y el 3,2% tiene algún tipo de discapacidad. Estas cifras consolidan la persistencia de un patrón de vulnerabilidad estructural pese a dos décadas de seguimiento desde la Sentencia T-025 de 2004.

El Catatumbo es el epicentro nacional del desplazamiento. Norte de Santander concentra el 42% de los eventos, impulsado por la agudización del conflicto entre ELN, disidencias del EMC, Frente 33 y la expansión de economías ilícitas. Municipios como Tibú, El Tarra, Teorama y Convención agrupan casi la mitad de las víctimas del país, alcanzando tasas de incidencia extremas. La violencia incluye confinamientos, reclutamiento forzado, asesinatos selectivos, control social violento y uso indiscriminado de explosivos.

El desplazamiento individual predomina (78%), pero se registran 81 eventos masivos que afectaron a más de 61.000 personas. También se evidencia movilidad interna: 766 municipios recibieron víctimas, siendo Cúcuta, Ocaña, Cali y Bogotá los principales receptores. Sucre, Valle del Cauca, Antioquia, Cesar y Santander encabezan la acogida departamental.

La respuesta estatal se desarrolló en tres frentes: atención humanitaria inmediata y de emergencia; atención de transición; y apoyo psicosocial a 3.930 víctimas, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. En reparación económica, la Unidad adelantó 15.278 giros a 12.567 personas, por más de $177 mil millones.

Las dinámicas del conflicto armado —fragmentación de grupos armados, débil presencia estatal y economías ilícitas— siguen alimentando el desplazamiento. La Defensoría del Pueblo identifica tres escenarios críticos: intensificación de la disputa ELN–disidencias, consolidación territorial del ELN e ingreso del EGC, todos con riesgos graves para los civiles.

Líneas estratégicas prioritarias:

• Implementar acciones de prevención y protección con enfoque diferencial.
• Garantizar atención humanitaria integral y retornos dignos.
• Proteger a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades étnicas.
• Impulsar sustitución de economías ilícitas, desminado y proyectos productivos.
• Acelerar la implementación del Pacto Catatumbo.
• Proteger entornos educativos y prevenir el reclutamiento infantil.

El desplazamiento forzado en 2025 revela una crisis sostenida que exige intervenciones urgentes, coordinadas y estructurales para garantizar el goce efectivo de derechos y avanzar hacia la paz territorial. urgentes, coordinadas y estructurales para garantizar el goce efectivo de derechos y avanzar hacia la paz territorial.