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El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que busca destacar los logros económicos, sociales, culturales y políticos de las mujeres, reconocer sus luchas y aportes en la igualdad de género y hacer un llamado a la acción para promover la garantía de sus derechos y su participación efectiva en todos los ámbitos de la sociedad.

La Unidad para las Víctimas se une a esta conmemoración para visibilizar las múltiples violencias que han dejado cicatrices físicas y psicológicas en mujeres, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, repercutiendo en sus proyectos de vida. Pero, más allá de eso, queremos reconocer y resaltar el poder transformador de las mujeres víctimas que, a pesar el dolor y la vulnerabilidad que el conflicto armado impone, han sido el soporte para la reconstrucción de sus hogares, comunidades y territorios.

Durante décadas, las mujeres víctimas del conflicto armado han asumido roles de liderazgo social y se han organizado para reconstruir la memoria histórica, tejer procesos de reconciliación y exigir el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral como pilares fundamentales de la no repetición.

Si bien, en los últimos años Colombia ha ratificado la mayoría de los tratados y los compromisos internacionales relacionados con los derechos de las mujeres y las niñas, y también se han promovido leyes y políticas públicas nacionales, como son la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres, en la cual se busca garantizar una vida libre de violencias mediante la implementación de la Ley 1257 de 2008, la ley 1448 de 2011 y la Ley 1719 de 2014, las mujeres, niñas y adolescentes siguen siendo afectadas por el conflicto de manera diferenciada, incluso, teniendo que enfrentarse a riesgos adicionales asociados a las condiciones de género.  

Más allá de las medidas gubernamentales, es importante destacar el impacto de las organizaciones sociales conformadas por niñas, adolescentes y mujeres víctimas del conflicto armado, que han fomentado nuevas modalidades de asociación y participación comunitaria, con el propósito de servir como espacios dedicados a la transformación de las experiencias traumáticas. Además, se orientan hacia la reconstrucción de la memoria histórica y la revitalización del tejido social, lo que contribuye de manera significativa a la reparación tanto individual como colectiva.

¿Quiénes son las mujeres víctimas?

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¿Dónde ocurrieron los hechos?

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Los hechos victimizantes que
más sufren las mujeres 

Uno de los hechos victimizantes que afecta a las niñas, adolescentes y mujeres de forma más recurrente es el desplazamiento forzado. En seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional destacó en su Auto 92 de 2008 los riesgos específicos y diferenciados que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de este fenómeno debido a su género.

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¿Cuándo ocurrieron los hechos victimizantes? 

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Las niñas, adolescentes y mujeres víctimas del conflicto armado se enfrentan a afectaciones particulares y diferenciadas tanto al momento de vivir los hechos victimizantes como después, cuando intentan reconstruir sus proyectos de vida.

Por medio del Auto 092 de 2008, la Corte Constitucional señaló que las niñas, adolescentes y mujeres se ven expuestas a escenarios de violencia sexual, explotación laboral y amenazas constantes. De hecho, frecuentemente son amenazadas por grupos armados que buscan vincular a sus hijos e hijas a sus actividades, desencadenando otros hechos victimizantes como el desplazamiento forzado.

En casos en los que se ven directamente afectadas como resultado de agresiones sexuales o de desplazamientos forzados; cuando son víctimas indirectas de homicidios y desapariciones forzadas; cuando sus hijos están en riesgo o son vinculados a grupos armados, las mujeres, adolescentes y niñas se ven obligadas a asumir roles familiares, económicos y sociales adicionales, e incluso en ocasiones a ser jefes de sus hogares.

Estas responsabilidades nuevas o complementarias, en medio de la vulnerabilidad del conflicto armado, las lleva a aceptar labores informales, que no les ofrecen las condiciones mínimas para subsistir, pues como lo menciona el Auto, existen obstáculos para que las mujeres se inserten en el sistema económico a través de oportunidades labores formales.

Esta realidad se ve reflejada en las estadísticas de pobreza. Según información de la Subdirección Red Nacional de Información (SRNI) basados en referencias del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 2022 el 53,2% de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado vivían en condiciones de pobreza monetaria y 22,7% en pobreza extrema. Es importante destacar que en ambas mediciones las mujeres son más pobres que los hombres, con una brecha de 3,5 puntos porcentuales para pobreza monetaria y de 1,5 para pobreza extrema.

Por otro lado, para 2022 el 19,4% de los hogares con mujeres jefas de hogar víctimas del desplazamiento estaban en pobreza multidimensional mientras que esta cifra para los hogares con jefatura masculina es de 17,7% evidenciando una brecha de género de 1,7 puntos porcentuales.

La brecha entre mujeres y hombres víctimas de algún hecho victimizante, incluidas en el RUV, también se hace evidente en el ámbito de la seguridad social y el empleo, ya que 57.3% de los hombres cotizaron a salud todo el 2022, en comparación con el 42,6% de mujeres que lo hicieron en ese mismo periodo. Similarmente, el 53,2% de los hombres cotizaron a pensión mientras que 46,7% de las mujeres cotizaron los doce meses de ese año.

Esta realidad no solo es un obstáculo para que las mujeres y hogares víctimas del conflicto armado superen su situación de vulnerabilidad, sino que perpetúa los ciclos de pobreza y desigualdad en el país.

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Según reveló la Comisión de la Verdad una de las tácticas utilizadas por los grupos armados para controlar los territorios fue el control los cuerpos y vidas de las mujeres, y la ruptura del tejido social, pues eran ellas quienes sostenían a sus familias y comunidades al encargarse del cuidado, la salud, la educación y las actividades cotidianas.

En ocasiones, la violencia contra las mujeres era utilizada para humillar y someter a las comunidades. Por otro lado, los homicidios y desapariciones forzadas, hechos que principalmente han afectado directamente a hombres, han tenido un impacto diferenciado sobre las mujeres, al ser las madres, hermanas, esposas e hijas de los desaparecidos.

A continuación, se destacan tres casos en los que el conflicto armado ha generado un impacto sobre las mujeres. Detrás de estas historias no solo están los hechos victimizantes, sino las experiencias de resistencia y resiliencia las víctimas han sabido resignificar para sanar y reconstruir sus propias vidas, así como las de otras mujeres, sus familias e incluso comunidades.

La masacre de Bahía Portete: el intento de exterminar a una comunidad liderada por mujeres 

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El 18 de abril de 2004, cerca de 40 paramilitares pertenecientes al Frente Contrainsurgencia Wayuu (FCW), liderados por Arnulfo Sánchez, conocido como ‘alias Pablo’, en colaboración con José María Barros Ipuana, alias ‘Chema Bala’, quien era miembro de la comunidad étnica Wayuu, torturaron, asesinaron o desparecieron a seis residentes de Bahía Portete. Entre las víctimas se encontraban cuatro mujeres, incluida una niña menor de 14 años.

Basándose en la implementación de la Metodología de Perfiles de Victimización (MPV) llevada a cabo por el Observatorio, se obtuvo la siguiente información:

Dos mujeres asesinadas, ambas eran lideresas reconocidas en la comunidad. La mujer de 70 años era líder de la Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales, mientras que, la de 46 años desempeñaba un papel crucial como comerciante e intermediaria entre la comunidad Wayuu y el mundo no indígena.

Dentro de las víctimas directas de desaparición forzada se encontraban una mujer de 40 años y una niña de 13 años.

En el contexto de la masacre también se cometieron delitos contra la libertad e integridad sexual, amenazas, torturas, desapariciones y el despojo de bienes.

A raíz de este hecho, unas 600 personas se desplazaron forzosamente hacia otros municipios de La Guajira o hacia Venezuela, incluyendo a todas las víctimas indirectas de homicidio y desaparición forzada:

     El 54% de los desplazados eran mujeres.
     El 88% de las víctimas se reconoce como Wayuu.
     El 4% de las víctimas mencionó que antes de la masacre recibió amenazas.

Esta masacre se destaca debido a que la mayoría de las víctimas eran mujeres pertenecientes a la comunidad Wayuu. Además, es relevante señalar la participación de miembros del mismo grupo étnico, como alias “Chema bala” .

Detrás de estos hechos estaba el intento de debilitar los fundamentos culturales de la comunidad de Bahía Portete, mediante el exterminio cultural de una comunidad liderada por mujeres. Algunas características distintivas del caso incluyen :

La selección intencional de las víctimas: quienes fueron asesinadas eran lideresas y custodias de la tradición oral, además tenían roles fundamentales en la crianza y el sustento económico y educativo de las mujeres de su familia.
 
Sus asesinatos no solo constituyen violencia de género, sino que también representan violencia simbólica: durante los hechos, se cometieron actos de violencia sexual y tortura que tuvieron como finalidad vulnerar los cuerpos de las mujeres en espacios compartidos por la comunidad.

En 2015, la comunidad Wayúu de Bahía Portete fue reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva por la Unidad para las Víctimas.

En una Sentencia del 7 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad de la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por los daños generados a las víctimas.  

Las madres de punta del este, Buenaventura 

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El 19 de abril de 2005, en Buenaventura, fueron asesinados 11 jóvenes que residían en el barrio Punta del Este, ubicado en la Comuna 5. Según los testimonios, a los 11 jóvenes asesinados se les invitó a jugar un partido en el municipio de Dagua. A cambio de su participación, se les pagarían 200.000 pesos. Ese mismo día los jóvenes fueron asesinados. Dos días después, en el río La Vega en el sector conocido como Las Palmas aparecieron los cuerpos. Una víctima más apareció con los 11 jóvenes residentes del barrio Punta del Este, sumando doce víctimas.

En 2007, la Fiscalía 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en Cali presentó cargos contra nueve paramilitares. Después, cinco de ellos fueron absueltos, mientras que los otros cuatro recibieron una sentencia de 40 años de prisión. Es importante señalar que este acto fue perpetrado por miembros del Bloque Calima. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los comandantes ha sido llevado ante la justicia para rendir cuentas por su participación en estos hechos.

• Estos jóvenes tenían entre 15 y 21 años. Se reconocían como afrocolombianos.

• Algunos de los hechos victimizantes que sufrieron los jóvenes incluyeron tortura, desaparición forzada y homicidio.

Horas después de la desaparición de sus hijos, las madres, familiares y vecinos, los buscaron, algunos se trasladaron a la estación de policía del municipio de Dagua y otros se dirigieron a la estación central de la policía de Buenaventura para denunciar su desaparición.

• El trabajo de la comunidad (madres, familiares y vecinos del barrio Punta del Este) permitió visibilizar la desaparición de los jóvenes. La búsqueda se centró en algunos sectores de la ciudad.

• El proceso de reconocimiento de las víctimas directas no fue sencillo. Sus madres supieron que eran sus hijos por las marcas distintivas, la ropa que utilizaban ese día y otros elementos que sirvieron para identificarlos. Ellas no pudieron envolverlos en sábanas blancas como dicta su tradición.

• Aunque ningún familiar reclamó a la víctima número 12, la comunidad de Punta del Este la acogió como propia.

Este hecho violento transformó a la comunidad del barrio Punta del Este. Hasta la fecha, las expresiones culturales tradicionales como “la danza de los matachines” han jugado un papel fundamental para los procesos de reconstrucción de la memoria.

La danza no solo se volvió una forma de protesta, también, con el paso del tiempo, se ha convertido en un hecho conmemorativo. Hoy es un instrumento de recordación esencial en el proceso de sanación y perdón de las madres de las víctimas y de la comunidad en general.

En el marco de estas actividades se creó la iniciativa Madres y Jóvenes de Punta del Este, que acompañan diferentes organizaciones, como Rostros y Huellas y Rostros Urbanos. El objetivo de las madres es pedir justicia, verdad y reparación. Cada 19 de abril se reúnen y conmemoran el hecho a través de la celebración de diferentes actividades como la realización de un partido de fútbol, una eucaristía y el compartir de una olla comunitaria a través de la minga. También, se presenta la danza de los matachines.

Igualmente, algunas madres cuentan que, en el proceso individual de sobrellevar la carga de la muerte de sus hijos, la poesía se ha convertido en un medio para mitigar el dolor, así como compartir su experiencia con otras madres y mujeres que han pasado por situaciones similares.  

Las mujeres de La Escombrera: tejiendo la memoria


Desde la década de 1980, la Comuna 13 en Medellín, ha sido testigo de diversos episodios de violencia. No obstante, a finales de la década de 1990, los enfrentamientos entre el Bloque Cacique Nutibara y las milicias de las Farc-EP y el ELN, intensificaron los homicidios selectivos y los entierros clandestinos en áreas como La Escombrera.

En 2018, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), estimó que en la Comuna 13 se registraron alrededor de 459 víctimas de desaparición forzada. El año en el cual se presentó el mayor número de casos fue 2002. La información suministrada por algunos miembros del Bloque Cacique Nutibara durante el proceso de Justicia y Paz, dan cuenta de otros lugares de inhumación, como La Arenera, el Cementerio Universal y el sector de Buenavista.

Según el informe La Huella Invisible del CNMH , los hechos coinciden con el desarrollo de la operación Orión, entre otras acciones que se llevaron a cabo entre febrero y octubre de 2022. Se contabilizaron aproximadamente 70 denuncias por desaparición forzada.

Desde el 2000, algunas madres, esposas, hijas y hermanas de las personas desaparecidas o asesinadas en la Comuna 13 se organizaron y crearon la organización Mujeres Caminando por la Verdad. Su trabajo comenzó en 2002 bajo el amparo de la Obra Social Madre Laura .

En 2008, la organización celebró una vigilia humanitaria denominada “Escarbando la verdad, exigiendo la justicia”. Este fue el primer paso para reconocer a las mujeres y familiares de las víctimas directas como actores fundamentales en la búsqueda de los desaparecidos. Cuatro años después, en 2012, se llevó a cabo la Comisión Internacional de Esclarecimiento sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos.

Hoy, la organización centra sus esfuerzos en promover la formación y defensa de los derechos humanos para exigir justicia, reparación integral, esclarecimiento de la verdad y las garantías de no repetición. Asimismo, realiza otras actividades bajo el lema “memoria como resistencia”. Una de las más reconocidas es el bordado como un instrumento para reconstruir la memoria del dolor. Al respecto, en 2013, se inauguró el Salón Tejiendo Memoria.

El trabajo de Mujeres Caminando por la Verdad ha permitido que la atención del Estado y de algunas entidades locales se concentren en la búsqueda de los desaparecidos. Entre 2015 y 2023, se han llevado a cabo excavaciones en varios sectores de La Escombrera.

En 2020, la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) a través del Auto A 010, implementó una serie de medidas cautelares para evitar cualquier tipo de intervención en el área de incidencia. En 2022, se retomaron las excavaciones y en septiembre de 2023, se llevó a cabo una audiencia pública de seguimiento de las medidas impuestas en 2020.  

Cinco retos institucionales para resaltar en este día

Aunque el Estado colombiano ha tenido avances significativos sobre las expectativas y necesidades de las niñas, adolescentes y mujeres en el conflicto armado, aún persisten algunos retos para acompañar sus procesos, garantizar sus derechos y darles oportunidades y recursos necesarios para reconstruir sus proyectos de vida.

En el Día de la Mujer, el Observatorio de la Unidad para las Víctimas hace un llamado sobre cinco desafíos fundamentales para atender a las mujeres víctimas.   

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El personal de las entidades encargadas de los procesos de atención y reparación debe estar capacitado e implementar en su día a día los enfoques diferenciales y de género.
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Fortalecer el acompañamiento psicosocial de las mujeres y sus familias, centrándose en especial en aquellos efectos que no son de fácil identificación en un diagnóstico de síntomas clínicos, como sufrimiento humano, destrucción de proyectos de vida y duelos que no se han podido resolver.
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Se requieren más y mejores programas de educación financiera, así como herramientas para la generación de ingresos de las adolescentes y mujeres víctimas del conflicto, ya que ha sido evidente el impacto diferencial y las brechas de género en los indicadores de pobreza. 
4
Se debe fortalecer la articulación de las instituciones nacionales y locales, para garantizar la dignificación y contribuir a la reparación simbólica.   
5
Promover espacios y medidas para prevenir y sancionar de manera ejemplar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, procurando su acceso a la justicia. Así mismo, es necesario ofrecer asesoría legal para las víctimas.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Dirección de Registro y Gestión de la Información