En el marco de la resolución 1820, la Asamblea General de la ONU proclamó el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de erradicar este delito y conmemorar a las víctimas y supervivientes.
La violencia sexual en los conflictos incluye todos los actos de naturaleza sexual impuestos a través de fuerza o coerción, como la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la esterilización, y los embarazos o abortos forzosos, entre otros. En Colombia y el mundo, estos delitos han afectado de forma desproporcionada los cuerpos y la dignidad de mujeres y niñas.
Según el informe del Secretario General de la ONU para 2023, la violencia sexual sigue utilizándose como táctica de guerra y terrorismo, violando derechos humanos y leyes humanitarias. A pesar de ser una realidad vigente y reconocida, sigue siendo una de las formas de violencia más invisibilizadas debido a la falta de verdad por parte de los perpetradores y la naturalización de este delito, que silencia a las víctimas a través del miedo y la culpa.
La Unidad para las Víctimas se suma a esta fecha conmemorativa, reconociendo la violencia sexual como una amenaza para los derechos humanos y la seguridad colectiva. Asimismo, visibilizamos las cifras del Registro Único de Víctimas, basadas en las declaraciones de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres afectados por estos delitos en el marco del conflicto armado interno colombiano.
De acuerdo con el Secretario General de la ONU, en el ámbito internacional, la violencia sexual relacionada con los conflictos armados presenta las siguientes características:
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Es utilizada para consolidar el control sobre los territorios y sobre recursos naturales lucrativos.
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El perfil de las víctimas, con frecuencia, pertenece a una minoría política, étnica o religiosa perseguida, o a quien se agrede por su orientación sexual o identidad de género real o aparente.
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En varios contextos se ejerce como forma de represalia contra personas y comunidades por su afiliación real o supuesta a grupos rivales.
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También se utiliza como parte del repertorio de violencia política para intimidar y castigar a los opositores, a sus familiares y a las defensoras de derechos humanos.
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Genera desplazamientos internos y transfronterizos, donde las mujeres y niñas desplazadas y refugiadas están expuestas a mayores riesgos.
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