Día de las Manos Rojas

La noche anterior el cielo había estado estrellado, como es usual en los llanos orientales. “Parece que hoy no van a pasar de esas que vuelan, pero seguro mañana sí porque ya llevan rato sin pasar”, le dijo Sarita refiriéndose a las estrellas fugaces que esperaban todas las noches y se despidió para entrar a la casa antes del toque de queda que les habían informado en el panfleto. “Lo veo mañana en el colegio, chino”.

Quiso pedirle que esperaran otro rato, no porque creyera que sí iba a pasar alguna, sino porque no quería que esa noche acabara. “Ojalá sí dejen ir”, le dijo y se despidió con la mano. Habían pasado dos semanas desde que no veían a Camilo, tres días desde que Rogelio no iba a clase y ya no recordaba cuánto tiempo desde que supo que a Arsenio se lo había llevado su familia para ver si en Villavicencio la situación estaba más tranquila. Entró a la casa puntual él también. Puso llave a la puerta, más por costumbre que por creer que así estaría seguro.

Al día siguiente en el colegio tomaron la asistencia y faltaban los mismos del viernes pasado. La profesora leyó las notas y, al llamarlo, le dijo: “Redondo, 85. ¿Vio que usted sí podría ser ingeniero?” “No, seño, yo lo que voy a ser es veterinario”, le respondió y salieron al descanso.

Entonces, miró hacia la puerta y vio otra vez a los dos señores. Uno era alto y tenía gorra, y el otro más bajito y calvo. “Llegaron de nuevo”, le dijo a Sarita y se levantó rápido para ir a esconderse. De pronto escuchó: “Pérez, hoy se viene usted” y le atravesó un frío de la boca del estómago a la garganta.

Ese día se lo llevaron.

Nota: Las historias relatadas son recreaciones basadas en testimonios de las personas incluidas en el Registro Único de Víctimas. No representan una historia particular.

Nunca más niñas, niños y adolescentes en la guerra

El 12 de febrero es conocido mundialmente como el Día de las Manos Rojas, una fecha importante para visibilizar las graves consecuencias de la vinculación de niñas, niños y adolescentes en las dinámicas de la guerra, así como renovar el compromiso de los Estados y la sociedad con la prevención y erradicación de este flagelo.

Su conmemoración se debe a que ese día en 2002, entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados, tratado que ha sido ratificado por 159 Estados, incluyendo Colombia, a través de la Ley 833 de 2003.

En Colombia, todas las niñas, niños y adolescentes que no superan los 18 años de edad, deben ser protegidos contra su vinculación a cualquier grupo armado ilegal y de las mismas fuerzas del Estado.

Este delito interrumpe los proyectos de vida de las víctimas, vulnera su dignidad y sus derechos fundamentales al alejarlos de sus entornos protectores a través de engaños, amenazas o manipulación, exponiéndolos a situaciones de violencia. Además, deja graves consecuencias psicológicas que afectan su desarrollo integral.

Para las comunidades étnicas, su impacto trasciende lo individual, ya que genera rupturas en las prácticas y costumbres ancestrales, en la trasmisión de saberes, llegando en algunas ocasionas a poner en riesgo la existencia de estas comunidades. Pero también, le roba a la sociedad en general un segmento importante de su población. De hecho, se estima que, en el país, tres generaciones se han visto afectadas por esta problemática.

Con ocasión a esta conmemoración, la Unidad para las Víctimas se suma a las iniciativas para sensibilizar sobre esta realidad que sigue generando víctimas y la importancia de recordar a la sociedad colombiana que las niñas, niños y adolescentes son sujetos titulares de derechos, por ello es un compromiso del Estado, la sociedad y la familia generar entornos protectores que desde el amor y el cuidado prevengan cualquier tipo de violencia.

¿Cómo ocurre?

La vinculación, es cualquier tipo de relacionamiento de un actor armado con las niñas, niños y adolescentes para obtener algún tipo de beneficio. De este modo, el reclutamiento, el uso y la utilización son las formas como se expresa este fenómeno.

Nunca más niñas, niños y adolescentes en la guerra

“Allá se tenía que hacer lo que ellos decían y a mí me dijeron que si ponía problema ya no iban sólo por mí sino por mi hermana también. Yo la verdad no quise que mi mamá sufriera por los dos porque a mi papá ya lo habían matado y ella quedó muy mal después de eso”.

“Él siempre me dijo que allá íbamos a tener una mejor vida, que a mí más nunca me iba a faltar nada ni me iban a volver a abusar como en mi casa. Yo no tenía a donde ir porque nadie me creía en mi familia y con él sentí seguridad. Después vi que así cogían a varias y ya no se podía echar para atrás” .

“Yo me metí con ellos porque un primo que vivía en otro pueblo nos visitó y me dijo que ya él tenía casa, que su mamá no tenía que vivir endeudada. Y nosotros allá en la casa pasábamos hambre. Uno sabía que los que se metían recibían sueldo y aparte les cuidaban la familia”.

A pesar de que no todas las estrategias de vinculación involucran la fuerza física, todas son forzosas y en ningún caso se puede hablar de voluntariedad, pues los grupos armados han aprovechado la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes para obligarlos a desarrollar actividades a través de amenazas y promesas falsas.

De acuerdo con la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO) esta decisión está viciada por la situación socioeconómica de las familias, la falta de oportunidades, problemas de violencia intrafamiliar, entre otras circunstancias.

De hecho, el Informe Final de la Comisión de la Verdad menciona que los actores armados aprovecharon los contextos de pobreza, violencia o abandono institucional para acceder a ellos. Así mismo, utilizaron los lugares de reunión como escuelas, parques y resguardos para reclutarlos. Los hallazgos de la JEP coinciden en que este tipo de violencia afectó particularmente a regiones con altos niveles de violencia donde la oferta institucional es escasa.

Entre las actividades que los obligan a realizar se encuentran la vigilancia y campaneo, el manejo y mantenimiento de armas, la participación en combates y enfrentamientos, las labores domésticas, serviles y de ranchería, el cobro de exacciones o vacunas, la cosecha o transformación de cultivos de uso ilícito, la mensajería y el transporte de mercancías, entre otros.

“…A todas las mujeres nos tocaba más que todo hacer aseo, la comida para todos los compañeros nos enseñaban a curar las heridas y a ser como las enfermeras. Eso sí era muy bravo cuando llegaban lastimados y peor cuando ya a uno se le morían ahí en la colchoneta…”.

“…Uno de los compañeros, que era el menor de todos, él no dio más después de una operación y se mató ahí donde dormíamos. Yo después de verlo no pude hablar, ni quería comer, soñaba con eso todo el tiempo, los días que podía dormir…porque él decía que ya no aguantaba
y que prefería eso que esperar que lo mataran…”.

“…Mi mamá me rogaba que me saliera
y ella hasta se había ido a hablar con el que mandaba…y yo le juraba que yo quería pero que ya me habían dicho que al que se iban le mataban la familia. Eso cada vez era peor porque tocaba hacer todo lo que dijeran, que si vigilar a alguien, que si llevar algo, pero sin preguntar qué era y uno con el susto de que
se lo pillaran…”.

¿Cuántos son?

A pesar de que múltiples entidades y organizaciones se han dedicado a atender a las víctimas y estudiar esta problemática, no existe una cifra única para determinar cuántas niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de vinculación a grupos armados en el marco del conflicto.

Esta falta de información se debe, entre otras razones, a que, por la naturaleza del hecho, las familias lo reportaban como secuestro o desaparición forzada, e incluso en ocasiones no se denuncia por miedo a las represalias de los actores armados o de consecuencias penales, así como por la creencia equivocada de que las víctimas se vinculaban voluntariamente.

La Comisión de la Verdad estima que hubo entre 27.101 y 40.828 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento entre los años de 1990 y 2017.

De acuerdo con el proyecto conjunto de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés), se ha identificado un universo de 18.677 víctimas, aunque estima que el subregistro podría alcanzar las 30.000.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha recibido 1.871 solicitudes para buscar niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados y posteriormente desaparecidos.

La Unidad para las Víctimas ha incluido en el Registro Único de Víctimas 9.707 niñas, niños y adolescentes que se desvincularon de grupos armados al margen de la Ley antes de cumplir los 18 años de edad.

De acuerdo con la Ley 1448, en el RUV se incluye por este hecho a los niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito que se desvinculan de los grupos armados antes de cumplir los 18 años.

“…A las semanas me dicen que el comandante me quería ver, que se enamoró de mí y que ahora yo iba a ser su mujer y que eso era un premio porque yo no daba problemas…me tocaba hacer el aseo de la casa, cocinar, curarlo también y, pues, ser la mujer…”.

“…Nosotros sabíamos que en todo lado había minas, pero como éramos los menos pesados y rápidos, nos mandaban de primeros. En una de esas yo pisé mal y explotó una. No me acuerdo mucho de nada, sino cuando ya me levanté sin pierna y me contaron…”

“Yo llegaba todas las noches y le lloraba a mi mamá, le pedía perdón porque ella nunca quiso que yo estuviera en eso… aparte que ya me estaban pidiendo que metiera más pelaos…hasta que mi mamá me dijo que cogiéramos todo y arrancáramos para otro pueblo. Primero se fue ella con mi abuela y sin la máquina con la que trabajaba ni nada y luego me fui yo…”

Tanto la Comisión de la Verdad como la JEP y organizaciones civiles, han señalado que las niñas, niños y adolescentes que han sido vinculados a grupos armados se han visto expuestos a otros delitos que se categorizan como crímenes de guerra, como la desaparición forzada, homicidio, tortura, violencia sexual, tratos crueles, humillantes y degradantes, trabajo forzoso, entre otros. Sin embargo, las implicaciones no se detienen allí.

También se ha identificado la discriminación y violencia contra niños, niñas y adolescentes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como la descomposición del tejido social de sus dinámicas familiares y roles comunitarios.

Así mismo, este hecho se relaciona directamente con el desplazamiento forzado, ya que muchas familias se ven obligadas a abandonar sus territorios y modos de vida por las amenazas permanentes de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes de la Procuraduría evidencian que este delito sigue siendo una realidad en varias regiones del país, especialmente aquellas que históricamente se han visto afectadas por el conflicto armado. Por esto, además de las medidas de prevención, es imperativo que el Estado fortalezca las políticas públicas que ayuden a consolidar los entornos protectores de las niñas, niños y adolescentes, mediante la garantía de derechos como educación, salud, recreación, vivienda digna, entre otros, porque “a mayor goce de sus derechos, menor la probabilidad de reclutamiento”

Esto implica mayores recursos en territorios donde persiste la pobreza, así como en los que los actores armados siguen siendo una amenaza o aquellos en los que la oferta institucional no es suficiente para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.

En cuanto a la oferta específica para las víctimas, es esencial articular las acciones de asistencia, atención y reparación integral con un enfoque diferencial, priorizando especialmente el componente psicosocial.